Con el inicio del año escolar, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) activó en todo el país el operativo “De vuelta a clases”, una estrategia de vigilancia que busca garantizar precios justos, información clara y respeto a los derechos del consumidor en una de las temporadas de mayor gasto para las familias panameñas.
Las inspecciones abarcan comercios dedicados a la venta de útiles, libros y uniformes escolares, donde los funcionarios verifican que el listado de productos exentos del ITBMS (7%) esté visible al público y que los precios en góndola coincidan con los registrados en las cajas. También se fiscaliza que la publicidad sea veraz y que no se incurra en prácticas como la venta atada o restricciones que limiten la libre elección de compra.
El administrador de la entidad, Ramón Avadi Balid, reiteró que la vigilancia no se limita a los comercios, sino que también se extiende a los servicios educativos privados. “Nuestro compromiso es que cada familia pueda hacer sus compras con transparencia y sin irregularidades”, afirmó.
Aumentos en escuelas privadas bajo la lupa:
En el ámbito educativo, la Acodeco recordó que cualquier incremento en matrícula o mensualidad debe notificarse con seis meses de anticipación y contar con la aprobación del Ministerio de Educación (Meduca).
Un monitoreo preliminar indica que entre el 18% y el 20% de los colegios privados podrían aplicar ajustes este año, siempre que estén debidamente justificados y cumplan con el procedimiento legal. La entidad advirtió que aumentos sorpresivos o sin aval oficial podrían ser objeto de sanciones.
Universidades deben informar costos totales:
La supervisión también alcanza a las universidades privadas, que están obligadas a detallar desde el inicio el costo total de la carrera, especialmente cuando los estudiantes acceden a créditos o becas gestionadas a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
La Acodeco enfatizó que esta información no puede condicionarse al pago previo de matrícula u otros cargos administrativos, ya que el estudiante tiene derecho a conocer con claridad el compromiso financiero que asumirá.
