Redacción EntreMes | publicidadentremes@gmail.com
Atendiendo las reiteradas preocupaciones de los clientes del servicio público de electricidad, el Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 10-26, que introduce modificaciones puntuales al Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997.
El proyecto detalla que, durante las últimas décadas, los clientes han enfrentado constantes incidencias como fluctuaciones de voltaje e interrupciones frecuentes del servicio, lo que ha provocado daños en equipos y artefactos eléctricos. En respuesta a esta realidad, el Ejecutivo refuerza, mediante esta iniciativa legislativa, tanto el régimen de derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando además disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes.
Las modificaciones incluyen plazos definidos para la atención de reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras, y herramientas regulatorias que permitirán una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora. Todas estas medidas procuran equilibrar la relación entre los prestadores del servicio y los usuarios.
Asimismo, dispone que las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado.
La iniciativa también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones.
En materia de acceso, suma la participación de las distribuidoras a la labor de la Oficina de Electrificación Rural (OER), para llevar el servicio a las comunidades de más difícil y costoso acceso.
Con el aval del Gabinete, la propuesta pasa a la Asamblea Nacional, donde se someterá a discusión y aprobación.
