Eva Pérez | publicidadentremes@gmail.com
Los magistrados del Tribunal Electoral de Panamá entregaron a la Presidencia de la Asamblea Nacional de Panamá las nuevas reglas políticas que regirán los próximos comicios generales de 2029, en una propuesta que, según explicaron, incorpora un mayor componente de institucionalidad.
Entre las principales transformaciones se encuentra la conversión de circuitos plurinominales en circuitos uninominales, además de un incremento en el número total de circuitos electorales del país.
El magistrado presidente del TE, Narciso J. Arellano Moreno, detalló que los cambios se concentran principalmente en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste, donde se establece una nueva distribución de la representación política.
En el caso de Panamá Oeste, una de las modificaciones más relevantes se registra en los distritos de Arraiján y La Chorrera.
El circuito 13-1, que comprende el distrito de Arraiján, incrementará su representación a cuatro diputados, mientras que el circuito 13-4, correspondiente al distrito de La Chorrera, también contará con cuatro diputados.
Esto significa que ambos distritos tendrán dos diputados adicionales respecto de la configuración anterior.
El resto de los circuitos uninominales de la provincia de Panamá Oeste se mantienen sin cambios en cuanto al número de diputados que eligen.
Un nuevo mapa político para 2029
La nueva configuración de los circuitos electorales plantea un escenario distinto para la representación política de Panamá Oeste. El crecimiento de la población y los resultados del ejercicio técnico y matemático realizado por el Tribunal Electoral se traducen ahora en una mayor representación legislativa para los dos distritos más poblados de la provincia.
Para los partidos políticos y candidatos independientes, la modificación supone también un nuevo reto de organización y estrategia electoral, particularmente en Arraiján y La Chorrera, donde habrá más curules en disputa en las elecciones generales de 2029.
El magistrado sostuvo que el documento mejora las condiciones de la competencia, de las candidaturas de libre postulación, corrige distorsiones en adjudicación de escaños, fortalece la transparencia y la fiscalización del financiamiento político. Así como establece herramientas específicas para enfrentar los nuevos riesgos derivados de la tecnología y de la inteligencia artificial.
