Eva Pérez | publicidadentremes@gmail.com
El monto total que se pretende indemnizar por un terreno de 98.68 hectáreas en el sector del Progreso de La Chorrera, sigue generando controversia debido a la falta de claridad sobre la situación legal del terreno y la falta de mano dura del estado ante las invasiones de tierra.
Este terreno, que alberga a unas 4 mil 400 familias aproximadamente 21 mil personas, ha sido invadido desde hace más de dos décadas, y la indemnización forma parte de un largo proceso que busca legalizar las viviendas de los ocupantes.
La finca No. 38283, en su momento fue adquirida por el promotor Inmobiliaria Pisón S.A, en el año 2000, costo de $12 mil, ahora 24 años más tarde el estado tendrá que pagar una indemnización de $11.7 millones a esta empresa.
Pero eso no es todo; el terreno ya ha sufrido dos expropiaciones bajo la administración de la expresidenta Mireya Moscoso (1999-2004), mediante el decreto ejecutivo No. 88 del 1 de junio del 2000 y la otra bajo Rogelio Paredes y el expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), todas con el fin de “interés social urgente”.
Según el informe presentado por el ministro del Miviot Jaime Jované a los diputados, tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevaron a cabo el avaluó del terreno el 21 de octubre de 2021 y el 11 de noviembre de 2021 respectivamente; estimando un costo de entre $12 y $19 por metro cuadrado.
Se estima que el monto que pagará el Gobierno por la indemnización ronda los $15.39 por metro cuadrado, por las 76 hectáreas.
Actualmente, el BHN figura como el dueño del terreno en el Registro Público y las familias que establecieron asentamientos informales en el área están a la espera de que se les otorgue el título de propiedad, algo que podría ocurrir una vez se resuelva el pago de la indemnización.
Panamá Oeste cuenta con 52 asentamientos informales ubicados en tierras estatales, lo que pone entrever las acciones del gobierno ante esta problemática. .
