Redacción EntreMes | publicidadentremes@gmail.com
La suspensión del proceso de contratación para el servicio de recolección de desechos sólidos, las observaciones a la contratación excepcional de las denominadas Paradas Inteligentes y la falta de información sobre la Cantera del Coco y el futuro de la Feria Internacional de La Chorrera, figuran entre las principales preocupaciones por el desarrollo de proyectos de interés público en el distrito.
Estas situaciones generan incertidumbre sobre la continuidad de servicios esenciales, la transparencia en los procesos de contratación y el futuro de iniciativas importantes para el desarrollo comercial, industrial y turístico de Panamá Oeste.
En el caso de la recolección de desechos sólidos, la suspensión del acto público y la orden de aplicar medidas correctivas, dispuestas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, generan inquietud debido a que el contrato vigente está próximo a vencer. La falta de una solución oportuna podría ocasionar consecuencias sanitarias, ambientales y económicas para el distrito.
Otro de los puntos señalados es la solicitud de contratación excepcional para el diseño, construcción, instalación y puesta en funcionamiento de las Paradas Inteligentes. De acuerdo con el pronunciamiento, se pretendía contratar directamente a una empresa sin realizar un procedimiento abierto que permitiera la participación de otros posibles oferentes. La solicitud fue devuelta por la Dirección General de Contrataciones Públicas al no contar con la autorización requerida.
También persiste la preocupación por la falta de información clara sobre el estado actual de la Cantera del Coco y el futuro de la Feria Internacional de La Chorrera, asuntos considerados relevantes para la actividad empresarial y el crecimiento económico de la región.
Ante este panorama, el gremio empresarial de este distrito, expresó su preocupación por la falta de transparencia, información oportuna y certeza en torno a estos proyectos, e hizo un llamado a las autoridades municipales y a las instituciones competentes para que brinden explicaciones públicas, claras y debidamente sustentadas.
En su pronunciamiento, la organización destacó que las decisiones de las autoridades deben fundamentarse en los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, así como garantizar la libre competencia y la igualdad de oportunidades.
