Movimientos ciudadanos y gremios docentes de Panamá Oeste marcharan hasta la Corte.
Eva Pérez / publicidadentremes@gmail.com
La Corte Suprema de Panamá comenzará a analizar desde este viernes, en «sesión permanente», una decena de demandas de «inconstitucionalidad» contra el contrato Minero, tema que mantiene desde hace un mes el país semiparalizado por bloqueos de rutas y masivas protestas.
Se ha informado que la duración de la sesión permanente dependerá del tiempo que tome el análisis, debate y discusión del proyecto por parte de los magistrados y magistradas del Pleno de la CSJ. Inmediatamente se adopte una decisión.
El Pleno de la CSJ, conformado por los magistrados María Eugenia López Arias (presidenta), Olmedo Arrocha Osorio (vicepresidente), Carlos Alberto Vásquez Reyes (presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral), Angela Russo de Cedeño, Miriam Yadira Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista, Cecilio Antonio Cedalise Riquelme, María Cristina Chen Stanziola y Ariadne Maribel García Angulo, ha convocado para iniciar la sesión permanente a partir de las 9:00 de la mañana, de este 24 de noviembre.
Sobre las demandas presentadas en la Corte, se informó que desde las 5:00 p.m. de este jueves 23 de noviembre culminó el término para recibir los argumentos por escrito presentados por los demandantes y personas interesadas o no en la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.
“Desde el pasado 13 de noviembre y hasta la fecha se recibieron 89 argumentos en la primera demanda admitida y 37 argumentos en la segunda demanda admitida por los magistrados, a quienes les fueron adjudicadas mediante reparto equitativo y aleatorios”, informó el Órgano Judicial en un comunicado.
Frente a la sede de la Corte hay cotidianas manifestaciones y vigilia permanente en demanda de un fallo de que declare inconstitucional al contrato.
El gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial de 1997, que era desfavorable para el país.
